Donde están las mayorías hay un negocio mayor. El fútbol siempre fue ese lugar de convergencia. Lo supieron y lo saben los gobiernos democráticos, lo supieron las dictaduras. La pasión del hincha lo convierte en un dócil juguete de aquel que le promete grandeza, sea deportiva o institucional. El folklore deriva en folklorismo exacerbado tal como el patriotismo es convertido en patrioterismo. Y ambas degeneraciones sirven para tapar negocios que se hacen con bienes compartidos y populares, las identidades y patrimonios de los clubes de fútbol, a favor de unos pocos. Pasa en la cancha chica del fútbol, pasa en la cancha grande de la realidad. El negocio de “La Tatenguita” tiene una dimensión de menor dramatismo que los enroques entre la vieja dirigencia de Rosario Central, encabezada por Víctor Vesco y Antonio Rodenas, y los principales jerarcas del Segundo Cuerpo del Ejército con el predio de Antonio La Calamita, en Granadero Baigorria, cercano a la ciudad deportiva de los canallas. Aquel sitio terminó convertido en uno de los principales y más feroces centros clandestinos de detención y exterminio del país y el club logró sostener la designación del estadio como subsede para el Mundial de 1978 realizada en democracia. “La Tatenguita” es una prueba más de la manipulación de lo popular al servicio de las minorías.
Carlos Del Frade (periodista, autor de “La ciudad goleada. Fútbol, lavado de dinero y poder”, entre otras publicaciones).
A comienzos de 1975 los hinchas de Unión disfrutaban de su regreso a Primera División y de un proceso que comenzaba y sería histórico para el club y el fútbol santafesino: la llegada de un técnico de jerarquía internacional como Juan Carlos Lorenzo, proveniente del Atlético de Madrid, y junto a él jugadores que luego triunfarían con la casaca rojiblanca, como Hugo Orlando Gatti, Rubén Suñé, Miguel Ángel Tojo, Ernesto Mastrángelo, Víctor Rodolfo Marchetti y el regreso de uno de los ídolos del club como Victorio Nicolás Cocco.
La dirigencia, encabezada por Súper Manuel Corral, Rubén Neme y Julio Baldi, se regocijaba con aquel presente, luego de los duros años del descenso y la desafiliación. Aprovechando la “revolución futbolística” (así la calificó la revista El Gráfico) que provocó la llegada del Toto a Santa Fe, dos jóvenes empresarios inmobiliarios le acercaron una propuesta a la comisión directiva: la construcción de un complejo deportivo y residencial, en los terrenos que ellos poseían, a la vera de la autopista Santa Fe – Rosario. La iniciativa corría por cuenta de dos militares: Eduardo Villa, un mayor que había pedido el retiro en 1968 para dedicarse a su actividad comercial, y el capitán Benito Guglielmone. Ambos eran socios vitalicios de la entidad de la Avenida.
La oferta sedujo a Corral, que designó a Neme y Armando Capello para estudiar esa alternativa y algunas otras que fueron descartadas. Se trataba, para la época, de un proyecto innovador, ya que no había ningún otro complejo de este tipo en el país. Los diarios locales lo comparaban con “La Candela, de Boca, o el Club Náutico de Mieres en el Puerto de Olivos, pero sin el mismo planeamiento urbanístico”.
El 22 de octubre de 1975 se confirmó la operación, y unos días después el diario El Litoral publicó lo siguiente: “Los propietarios de las 34 hectáreas donde se ubicará son los señores Eduardo Villa y Benito Guglielmone, jóvenes que despliegan una intensa actividad dedicados a operaciones inmobiliarias y que gozan en nuestro medio de un gran prestigio de seriedad y corrección”.
Además, el vespertino dio algunos detalles del acuerdo: “Villa y Guglielmone donan a Unión las 4 hectáreas donde se asienta el casco de estancia existente de la parcela, con el compromiso de Unión de mejorar allí las instalaciones existentes y construir un complejo deportivo con pileta de natación, canchas de fútbol, básquetbol, tenis criollo, voleibol y además comodidades para el alojamiento y concentración de los jugadores del club. Este sector podrá ser utilizado por los futuros dueños de los lotes”. En la inauguración, Corral agradeció la gestión de Capello y Neme, “pulmones de la iniciativa”; del intendente de Santo Tomé, Elbio Gasparotti, quien aprobó el loteo, y de Guglielmone y Villa.
Hace algunos años, el nombre de Villa fue vinculado con el circuito represivo de la última dictadura militar en Santa Fe. Fue luego de que dos querellantes en la denominada causa Brusa, Daniel García y Alba Sánchez, denunciaran que una casa en Villa California, en las afueras de Santa Fe, fue un centro clandestino de detención en el que estuvieron secuestrados durante cinco meses, entre diciembre de 1977 y mayo de 1978.
Ese lugar es conocido por los vecinos como “la casa de las arcadas”, pero según el matrimonio García la patota santafesina lo denominaba “El Borgia”. El propietario de esa casa era Jorge Ayala Bergero, quien falleció un mes antes del inicio del histórico juicio a los represores santafesinos y fue abogado de Villa desde 1968 hasta su muerte.
Por ese motivo, Villa fue citado a declarar en el juicio. Cuando le preguntaron si tenía relación con Domingo Marcellini, ex Jefe del Destacamento Militar 122, quien está acusado de cometer crímenes de lesa humanidad pero esquivó el juicio aduciendo problemas de salud, contestó: “No lo conozco, nunca hablé con él”.
Sin embargo, minutos después su propio sobrino, Rubén Ríos, lo expuso ante el Tribunal: “A mí me detuvieron el 20 de noviembre de 1975. Pasé por la comisaría 2ª, la Policía Federal, la Jefatura de la Policía, la cárcel de Coronda y la comisaría 11ª, hasta que me concedieron la libertad a fines de 1976”. Cuando le preguntaron por su liberación, Ríos afirmó: “Mi tío se movió en su círculo de amistades. Marcellini fue quien gestionó mi salida a disposición del Poder Ejecutivo. Se lo fui a agradecer con mi tío, por pedido de él”.
Cabe destacar que Marcellini, egresado de la Escuela de las Américas que funcionó en Panamá, fue uno de los hombres clave en la organización y control de los grupos de tareas que secuestraron y torturaron personas durante la dictadura.
Por su parte, Guglielmone, quien también tenía acceso libre al Destacamento de Inteligencia 122, vio con buenos ojos la designación de su amigo Leopoldo Fortunato Galtieri al frente del Segundo Cuerpo del Ejército en octubre de 1976, una unidad fundamental en el aparato represor con sede en Rosario y jurisdicción en Santa Fe, Chaco, Misiones, Formosa, Corrientes y Entre Ríos. En ese tiempo, Guglielmone solía recibirlo en una quinta ubicada sobre la ruta 19, propiedad de su esposa. Almorzaba con él casi una vez por mes y era la apoyatura de la Sección Logística, proveedora de inmuebles del Destacamento que comandaba Marcellini.
Fue, además, el hombre que permitió el ingreso de Horacio Barcos como Personal Civil de Inteligencia durante los años de plomo. Barcos, condenado a 15 años de prisión por el secuestro y la privación ilegal de la libertad de Amalia Ricotti y Alberto Tur en mayo de 1978, admitió que fue Guglielmone quien intercedió para poder actuar como espía a sueldo de la dictadura. “En agosto de 1975 (dos meses antes de la compra de La Tatenguita) me recomendó el ex militar Benito Guglielmone, entonces amigo de Leopoldo Galtieri, con quien llegó a concretar varios negocios inmobiliarios en la zona”, declaró Barcos ante la justicia en marzo de 2010.
(Publicado en el portal Notife Deportivo)
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